Una taxonomía social: necesaria, pero ¿posible?
Marzo de 2023El pasado octubre, David Boyd [1] alertaba que, a pesar de encontrarnos a medio camino de la fecha límite marcada para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas, los compromisos y esfuerzos actuales del conjunto de países resultaban insuficientes.
El experto apuntaba que había dos causas principales para explicar este fracaso: por un lado, los Estados que interpretaban el cumplimiento de los ODS como una aspiración política, en vez de como un cumplimiento inexorable por los derechos humanos y; por otro lado, la falta de inversión suficiente, lo cual generaba una brecha de financiación constante para el correcto cumplimiento de los objetivos a medio y largo plazo.
Boyd, sin embargo, no era el único que ponía de manifiesto la innegable falta de financiación a unos objetivos necesarios para mejorar el bienestar social del conjunto de la sociedad. La Plataforma de Finanzas Sostenibles [2], en su informe final sobre la taxonomía social de la Unión Europea, revelaba que las formas tradicionales de financiación, como el gasto público, eran insuficientes para alcanzar un mundo más sostenible y responsable con los aspectos sociales, y ponía así en valor el poder transformador del capital privado.
En este sentido, el informe argumentaba que, para poder redirigir flujos de manera eficiente hacia este tipo de inversiones, es necesario contar con una definición clara sobre las características esenciales de las inversiones sociales, es decir, contar con una taxonomía social. Así como en el ámbito medioambiental y climático, las definiciones existentes previas a la taxonomía medioambiental europea estaban más consensuadas, los aspectos sociales siempre han mostrado un menor nivel de homogeneidad. Un estudio [3] llevado a cabo por BNP Paribas en 2019 revelaba que el 46% de los inversores encuestados consideran que los criterios sociales son los más difíciles de identificar y de integrar en las estrategias de inversión.
Sin embargo, y a pesar de reconocer las ventajas de desarrollar una taxonomía social, la Plataforma también exponía ciertas preocupaciones y advertencias. Se recogían fundamentalmente dos contrargumentos: el primero, la dificultad para definir actividades económicas como socialmente sostenibles, o en su defecto, como socialmente perjudiciales y; el segundo, las posibles discrepancias entre normativas o prácticas nacionales de índole social. Con respecto a este último punto, los expertos aclaraban que una taxonomía social no busca, en ningún caso, sustituir la normativa local de cada país, sino ofrecer un marco común para identificar cómo las empresas pueden contribuir a una serie de objetivos sociales, proporcionando así a los inversores un instrumento para respaldar sus decisiones de inversión en este ámbito. En concreto, la propuesta para la definición de la taxonomía social se articulaba sobre tres grandes objetivos: (i) trabajo decente, (ii) estándares de vida y bienestar adecuados y (iii) sociedades y comunidades inclusivas y sostenibles.
En cualquier caso, y más allá del debate sobre la viabilidad de desarrollar una taxonomía social, la ausencia de definiciones comunes y estandarizadas no debe considerarse razón suficiente para la inacción por parte de los mercados de capitales. Son los propios agentes financieros los que deben, de manera honesta y transparente, desarrollar sus propias metodologías para la identificación de inversiones sociales. Unas metodologías que deben permitir redirigir flujos de inversión hacia activos que contribuyan de manera directa o indirecta a resolver desafíos sociales como la igualdad de género, la educación y sanidad de calidad, o el acceso a una vivienda sostenible y asequible. Al fin y al cabo, la Agenda 2030 no es más que un plan de inversión en infraestructuras físicas y capital humano que permitan alcanzar un planeta más rico y próspero.
Por tanto, solo mediante la involucración del capital privado, podremos cerrar uan brecha de financiación que todavía hoy pone en riesgo el cumplimiento de los ODS . Según datos del Sustainable Development Report, en 2021 fue el segundo año consecutivo en el que el mundo no registró avances significativos en relación a los Objetivos.
[1] David R. Boyd es Relator Especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y medioambiente.
[2] La Plataforma es un órgano consultivo sujeto a las normas horizontales de la Comisión para los grupos de expertos.
[3] https://group.bnpparibas/en/news/bnp-paribas-securities-services-esg-global-survey-2019-trends-key-figures
