El plan de recuperación, transformación y resiliencia
Noviembre de 2022
Hasta la crisis del COVID, diseñar, aprobar y ejecutar cualquier política pública exigía dilatados períodos de tiempo. En estos días se exige a las administraciones una capacidad de respuesta inmediata a una coyuntura cargada de incertidumbre. El Plan de Recuperación es un buen ejemplo de cómo las administraciones europea y española han concretado su reacción a la crisis del COVID, incorporando además un importante número de novedades.
Un volumen de recursos sin predecentes
España va a recibir de la Unión Europea en el periodo 2022-2026 un volumen de recursos sin precedentes, muy superior a los que se ingresaron a través de los Fondos de Cohesión desde la década de los noventa y que permitieron crear una de las mejores redes de infraestructuras de transporte de Europa.
Con la reciente aprobación (todavía provisional) de la asignación del programa RepowerEU, España ingresará 79.820 millones de euros en trasferencias no reembolsables, y tiene disponibles 84.000 millones de euros adicionales de préstamos. Es decir, entre diciembre de 2021 y agosto de 2026, está previsto que España reciba más 163.000 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a los que deben añadir 10.000 millones de euros del fondo React EU.
La movilización de fondos
En los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y 2022 se presupuestaron 51.098 millones de euros para la ejecución del Plan de Recuperación. En 2021 la Administración General del Estado (AGE) autorizó el 91,4% lo presupuestado y se reconocieron obligaciones de pago por el 82,8% de los fondos. En 2022 ya se ha autorizado el 76,5% del crédito total. Más del 46% de los fondos movilizados en 2021 fueron trasferidos a las Comunidades Autónomas a través de acuerdos de Conferencias Sectoriales, convenios y concesiones directas.
Los indicadores presupuestarios dan cuenta del esfuerzo realizado por la AGE para avanzar en la ejecución del Plan, esfuerzo que se ha concretado en la publicación de 5.898 convocatorias para beneficiarios finales (licitaciones y ayudas y subvenciones) por un importe superior a los 32.000 millones de euros, que avanzan con un ritmo aproximado de 2.000 millones de euros al mes.
Las prioridades de inversión
El Plan de Recuperación ha modificado sustancialmente las prioridades de inversión de la administración española. Si durante las dos últimas décadas los mayores porcentajes de inversión se destinaron a la modernización de las infraestructuras, especialmente de transporte, el Plan ha situado entre sus principales objetivos diferentes programas de digitalización, las energías renovables y la reducción de emisiones. Asimismo, se ha priorizado la formación y el refuerzo de la autonomía industrial. Se mantiene una importante inversión infraestructuras de transporte, especialmente orientada a la finalización de los corredores de alta velocidad y el refuerzo de la red de Cercanías.
Los instrumentos de cooperación
El Plan de Recuperación ha acelerado también algunos mecanismos de cooperación y colaboración entre las administraciones públicas y entre estas y la sociedad civil. Entre ellas destacan las manifestaciones de interés, un instrumento de consulta a la sociedad civil y al tejido empresarial cuyo objetivo es que los ministerios y entidades públicas dispongan de información precisa sobre los proyectos que los diferentes actores están desarrollando o pudieran desarrollar en un determinado ámbito de actividad.
Se han publicado 32 manifestaciones de interés en el marco del Plan a las que se han presentado más de 20.000 proyectos e iniciativas que han permitido orientar las convocatorias y líneas de actuación hacía aquellas áreas en las que se han identificado proyectos con mayor capacidad transformadora y posibilidades de éxito.
Uno de los mayores retos que tienen las administraciones públicas españolas es fortalecer sus mecanismos de cooperación, escasamente desarrollados en la legislación básica. Entre los pocos mecanismos existentes destacan las conferencias sectoriales, un órgano de cooperación multilateral entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno para el diálogo y la toma de decisiones en el marco de los diferentes sectores de la actividad pública. Se han celebrado hasta la fecha 116 conferencias sectoriales en el marco del Plan en las que se han acordado desde el diálogo y el consenso tanto los criterios como las cantidades a repartir de las inversiones de los 30 componentes.
PERTE
Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) son programas de carácter estratégico para la economía española, con un importante potencial de arrastre y para cuyo desarrollo es necesaria la colaboración entre administraciones, empresas y centros de investigación. Se trata de programas de medio plazo entorno a objetivos claramente definidos, con una visión integral de cadena de valor y un importante impacto transformador.
Los PERTE tienen también un importante componente de comunicación y de colaboración público-privada pues se ha definido una gobernanza singular, con el objetivo de coordinar a los diferentes ministerios y entidades púbicas implicadas y facilitar la participación en la toma de decisiones de los actores sociales con la transparencia y la rendición de cuentas que exige el sector público.
Hay 11 PERTE aprobados con una inversión pública comprometida de más de 32.000 millones de euros que se estima permitirá movilizar cerca de 50.000 millones de euros de financiación privada. Los PERTE ya están teniendo impacto en la economía de nuestro país. Ya se ha movilizado más de un tercio de los fondos públicos previstos para todos los PERTE y se han resuelto más de 40 convocatorias y líneas de financiación con más de 2.500 millones de euros ya comprometidos en convocatorias resueltas.
La adenda al Plan
En los próximos meses España presentará a la Comisión Europea la primera adenda al Plan con el objetivo fundamental de asignar las trasferencias adicionales atribuidas por la Comisión, los fondos del RepowerEU, así como los 84.000 millones de euros del tramo de créditos previsto en el MRR (incremento recurrente mensual) aún no solicitado.
La adenda priorizará el refuerzo de los PERTE con el objetivo de reforzar la autonomía estratégica, en los ámbitos digital, energético, industrial y alimentario. Contendrá un nuevo catálogo de reformas e inversiones públicas y privadas que se movilizarán fundamentalmente a través de instrumentos financieros, créditos, préstamos, participaciones en capital y otras herramientas. Incorpora además un nuevo fondo para inversiones estratégicas para las Comunidades Autónomas, intensamente reclamado por estas para la ejecución de proyectos de prioridad regional vinculados a las políticas públicas de competencia autonómica: vivienda, transporte e infraestructura urbana, economía de los cuidados, etc.
Ejecutar el Plan de Recuperación está siendo un gran reto para las administraciones públicas que han puesto en marcha un enorme esfuerzo por agilizar la movilización de los fondos , pero es también un desafío para una buena parte de las empresas españolas poco habituadas a acudir a las convocatorias de ayudas y concursos.
