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Invertir en ODS 3

Julio de 2022

Es bien sabido que el acceso a los servicios y productos relacionados con el ámbito de la salud es un derecho humano básico, que representa un papel clave para garantizar el desarrollo económico a largo plazo. La inversión en salud no solo permite que se reduzcan las tasas de mortalidad y aumente la esperanza de vida, sino que también ayuda a impulsar la productividad del tejido empresarial.

En términos financieros, un estudio de Willis Towers Watson en 2018 demostraba que "aquellas empresas que trabajan para mejorar la salud y el bienestar de sus empleados superaron al Standard & Poor´s 500 en un 325% durante un período de 14 años, demostrando que una mejora de los hábitos de salud de los trabajadores puede reducir el absentismo laboral hasta un 36%". Por ende, sería lógico pensar que la inversión en compañías que cuiden la salud de sus trabajadores y ofrezcan entornos laborales seguros, debería ofrecernos unas mayores expectativas de rentabilidad a largo plazo.

Sin embargo, cuando pensamos en contribuir de manera explícita a la mejora de la salud y el bienestar global a través de nuestras inversiones, las principales dificultades que encontramos son, por un lado, la de consensuar qué entendemos por salud, es decir, cuál es el alcance y naturaleza de los productos, servicios, infraestructuras y tecnologías dentro de este ámbito y, por otro lado, cómo podemos canalizar estas inversiones de manera efectiva y exitosa.

Una de las vías que más se está utilizando en los últimos años como marco para materializar la inversión sostenible es la de vincular las inversiones a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, en concreto, a las metas que estos persiguen. En el caso de la salud, es obvio que el ODS por excelencia es el ODS 3 - Salud y bienestar, aunque cabe reconocer que muchas de las metas perseguidas por los otros 16 ODS están también estrechamente relacionadas con la mejora del bienestar y la salud de las personas.

Por tanto, con el objetivo de ofrecer un marco de referencia claro y objetivo para este tipo de inversiones y favorecer así la lucha contra el impactwashing[1], UN PRI (Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas) ha desarrollado un mapa que permite identificar aquellos negocios y actividades que contribuyen al cumplimiento de las metas del ODS 3, basándose en la definición de salud que ofrece la propia Organización Mundial de la Salud (OMS).

En concreto, : compañías que gestionen instalaciones de salud como hospitales o clínicas, laboratorios y empresas farmacéuticas, o compañías que ofrezcan servicios de tecnología aplicada a este ámbito.

Más allá de facilitar un marco para identificar el tipo de empresas aptas para satisfacer estos objetivos, UN PRI exige unos requisitos adicionales en términos de medición y alineación de los beneficios de las compañías con los objetivos de sostenibilidad perseguidos. En primer lugar, propone que las compañías potencialmente elegibles demuestren que, al menos el 50% de sus ingresos provengan de manera directa de tecnologías, productos o servicios vinculados al sector salud. En segundo lugar, y siguiendo las buenas prácticas de la inversión de impacto, UN PRI plantea que, una vez identificada la compañía objetivo, se mida su contribución a la mejora de la salud y el bienestar a través de una serie de indicadores como la tasa de tratamientos de salud completados, o el número de pacientes atendidos en un determinado periodo de tiempo.

El mapa de impacto de UN PRI es uno de los diversos estándares que podemos encontrar para ilustrar la inversión sostenible en diferentes ámbitos, como es la salud. Pero, en definitiva, lo que comparten todas estas referencias es la necesidad de utilizar unas pautas claras y argumentadas que garanticen que nuestras inversiones van dirigidas a financiar unos objetivos de sostenibilidad concretos, sobre los cuales podamos ofrecer absoluta transparencia y trazabilidad.


[1]El impactwashing hace referencia a la práctica de vender o declarar que una inversión es de impacto, cuando realmente no se está persiguiendo, o no se puede demostrar, ningún impacto social o ambiental positivo.


Claudia Antuña, socia de Afi