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Impacto de género de los Presupuestos Generales del Estado para 2021

Marzo de 2021
En su edición para 2021 el Informe de Impacto de Género que acompaña a los Presupuestos ha incluido un nuevo empuje metodológico con el fin de contar con una herramienta más robusta y estandarizada con la que identificar y eliminar la brecha de género en el ámbito de las políticas públicas competencia de la Administración General del Estado

Los rigores de la pandemia y el aumento sin precedentes del gasto público previsto para 2021 en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) gracias, en buena parte, a la respuesta coordinada que la Unión Europea quiere dar a la crisis económica, han supuesto que pase ciertamente desapercibido el Informe de Impacto de Género que los acompaña que, si bien, se viene elaborando desde hace más de una década, este año incluye importantes novedades.

Como sabemos, aplicar la perspectiva de género a cualquier cuestión, bien sea social, bien económica, implica analizar si existen desigualdades entre hombres y mujeres que no pueden explicarse por la biología y que limitan o, como mínimo, obstaculizan la igualdad de oportunidades entre ambos sexos. Dotar el presupuesto de perspectiva de género implica detectar programas o proyectos que pueden estar perpetuando desigualdades para modificarlos y, en su caso, asignar recursos para luchar contra ellas.

¿Por qué elaborar un presupuesto con perspectiva de género?: Bases teóricas

El informe, que ha experimentado diversas modificaciones y mejoras desde su primera publicación en 2008[1], pretende contribuir a la política de igualdad entre mujeres y hombres de la Unión Europea (denominada mainstreaming) y a las discusiones generadas en otros foros como el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

El concepto de mainstreaming fue asumido explícitamente ya en 1995 por la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre Mujeres de Naciones Unidas celebrada en Pekín, que requirió a los gobiernos y otros actores promocionar una política activa y visible del mainstreaming de género en todas las políticas y programas, para que, antes de que se tomen las decisiones, se realice un análisis de los efectos producidos en mujeres y hombres, respectivamente[2]. Tras ello, el término Gender Mainstreaming fue precisado en 1998, en el seno del Consejo de Europa como la (re)organización, mejora, desarrollo y evaluación de los procesos políticos para incorporar, por parte de los actores involucrados en dichos procesos, una perspectiva de igualdad de género en todos los niveles y fases de las políticas. Posteriormente, este término fue traspuesto a la normativa española en el año 2007, a través de la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres.

Presupuestos con perspectiva de género en el mundo: un largo camino por recorrer

Según el último informe de la OCDE sobre presupuestos con perspectiva de género, tan solo 17 de los 37 países miembros han incorporado este enfoque en la elaboración de los mismos: Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, España, Finlandia, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, México, Países Bajos, Portugal, Noruega, y Suecia[3]. Esto pone de manifiesto el largo camino que queda por recorrer en este ámbito y la importancia de que España se dote con una herramienta de presupuestación por género robusta y exportable a otros territorios.

Países de la OCDE con presupuestos con perspectiva de género
Fuente: OCDE

Informe de impacto de género en los PGE 2021: principales novedades y conclusiones aportadas

Para incorporar la perspectiva de género en los PGE 2021 se ha utilizado una metodología de origen sueco conocida como «de las 3-R», ya que pivota sobre análisis de: la Realidad, la Representación y los Recursos-Resultados. Al ser el primer año que se implanta, se ha considerado como provisional, y se esperan tanto un desarrollo como su aprobación posterior para que sea aplicada en futuros proyectos de ley.

Las principales características y hallazgos puestos de manifiesto en cada una de las 3-R son:

  • Realidad: a través de este capítulo se repasa la situación de la mujer en ocho campos clave: empleo, educación, salud, conciliación y corresponsabilidad, ciencia y tecnología, delito y violencia y, poder y toma de decisiones, poniéndose de manifiesto la realidad por todos conocida sobre la situación de desigualdad de la mujer respecto a los hombres en cuestiones que van más allá del propio mercado laboral.
  • Representación: en este capítulo se muestra la situación del empleo del Sector Público español atendiendo al sexo de los empleados. Como indicador central se utiliza el índice de presencia relativa de hombres y mujeres (IPRHM), completado con las variables como salarios, niveles administrativos, tipo de contrato, tipo de administración, etc. De este capítulo se deriva que, al contrario que en el sector privado, un cumplimiento del rango de equilibrio para todo el Sector Público en general, con una moderada presencia mayoritaria de mujeres. En todo caso, la única Administración con mayoría relevante de mujeres es la Administración Autonómica (IPRHM de 1,40). Este desequilibrio se debe al predominio de la presencia femenina en los ámbitos sanitarios y docencia no universitaria.
  • Recursos-Resultados: en este capítulo se han catalogado 234 programas (el 80% del total de los programas que integran el Proyecto de PGE 2021) en términos de pertinencia de género. De este modo, y para cada uno de ellos, se realiza una descripción en términos de igualdad, se explican las principales líneas de actuación relacionadas con la igualdad de género y se recogen los objetivos e indicadores específicos en materia de igualdad que se han establecido para el programa. Esta metodología se ha definido teniendo en cuenta modelos internacionales y nacionales, así como las recomendaciones de la OCDE y del FMI. En base a ella, el Gobierno ha catalogado los programas en función de su pertinencia de Género, distinguiendo cuatro estratos: alta, media, baja o sin pertinencia.

A partir de esta última clasificación se puede realizar una valoración conjunta de los PGE 2021 en términos de pertinencia de género, resultando que un 85% de los programas analizados poseen pertinencia de género. También es de destacar que un 18% de los programas analizados se clasifican como de pertinencia de género alta gracias al sfuerzo realizado en los últimos años en la Administración General de Estado para incorporar en los programas de gasto criterios, actuaciones y medidas que fomenten la igualdad de género o eliminen posibles desigualdades, así como objetivos e indicadores específicos en materia de igualdad.

Porcentaje de programas según su pertinencia de género
Fuente: Informe de Impacto de Género, MHAP

Agrupando estos programas por políticas de gasto, la justicia ejerce un papel clave en la erradicación de la desigualdad por razón de género, y en especial, en la lucha contra la violencia de género. También se observa una alta pertinencia de género en la política de pensiones, donde la menor participación de las mujeres en el mercado laboral ha derivado en una menor aportación al sistema de la Seguridad Social por parte de estas, y consecuentemente, en la percepción de pensiones más exiguas.

Por último, es necesario destacar, entre otras, la política de servicios sociales y promoción social, donde el Ingreso Mínimo Vital ha tenido en cuenta en su diseño las diferencias establecidas por la dimensión de género a la hora de analizar el impacto redistributivo.

Además de todo ello, el informe no es ajeno a la situación actual y a los planes de inversión que se están elaborando al hilo de la respuesta europea a la pandemia, reconociendo que el propio Informe se configura como uno de los primeros pasos para la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, concretamente del eje dedicado a la eliminación de la brecha de género.

Estamos, por tanto, ante una pieza más del engranaje que necesitamos como país para luchar en favor de la igualdad de género. Sin duda, el valor de este documento residirá no solo en sus acciones concretas, sino en su capacidad tractora sobre el sector privado. Una suerte de benchmark que eleve la capacidad del tejido productivo para dar un papel relevante a las políticas de igualdad.


[1] Disponibles aquí, a partir de 2011: https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/DocumentacionEstadisticas/Documentacion/Paginas/InformeImpactoGenero.aspx
[2] El mainstreaming de género en la Unión Europea. Lombardo, E. Aequalitas. Revista Jurídica de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, vol. 10-15, Mayo-Diciembre 2003, pp. 6-11
[3] Además, Francia y Turquía están actualmente considerando su implantación.


Carmen López es consultora del área de Finanzas Públicas de Afi.