NGEU, una oportunidad para las pymes...que hay que preparar ya

Febrero de 2021 El Fondo de Recuperación Next Generation EU supone una oportunidad sin precedentes para modernizar el tejido empresarial de nuestro país, pero ello exige un esfuerzo ágil y coordinado que asegure la distribución transparente y capilar de las ayudas y una adecuada preparación de las candidaturas por parte de las empresas

La ejecución de los instrumentos del NGEU es el reto económico más relevante para la economía española en el próximo trienio y una gran ventana de oportunidad para el tejido productivo de nuestro país. Las directrices para superar la crisis sanitaria y social descansan en actuaciones para recomponer la economía con la palanca de la inversión pública y la colaboración con del sector privado. Este cambio hacia una estrategia articulada y soportada en el presupuesto de la Comisión Europea con el respaldo mancomunado de todos los Estados miembros, permitirá a las empresas de nuestro país acceder a ayudas que faciliten la financiación de proyectos que permitan adaptarse a un nuevo entorno dominado por la transición ecológica y la transformación digital.

Aunque el Plan de Recuperación y Resiliencia no estará aprobado por la Comisión Europea hasta finales de abril, las empresas tienen ya información suficiente para anticiparse a las convocatorias de ayuda que se irán sucediendo a partir de la primavera, tanto por el tipo de información que se solicitará para defender las candidaturas, como por la naturaleza de los proyectos que será elegibles para estos fondos. Las manifestaciones de interés que algunos de los Ministerios -hasta ahora el más activo ha sido el MITECO-, y las guías de la Comisión Europea publicadas en otoño, son buenos ejemplos de la documentación que se van a requerir.

El Gobierno de España ya presentó en otoño las diez políticas palanca que articulan el plan nacional. A su vez, el plan se estructura en 30 componentes que señalizan posibles ámbitos de actuación lo suficientemente amplios como para impulsar la inversión en un buen número sectores que pretenden ser catalizadores de reformas estructurales y de transformación de la actividad productiva. En particular, la componente decimotercera del Plan se centra en el impulso a las pequeñas y medianas empresas, con especial foco en líneas de acción transversales que potencien su crecimiento y digitalización.

En cuanto a ámbitos sectoriales o verticales a los que las pymes deben prestar atención, la rehabilitación urbana, la economía circular, una nueva industria tractora, las energías renovables, la economía de los cuidados, la renovación del sector turístico, el impulso a la formación profesional o el fortalecimiento del conocimiento y del I+D+i, son algunas de las grandes apuestas de la estrategia europea y, en particular, de la española, para recuperar la formación bruta de capital y reactivar el mercado laboral.

Por otro lado, las empresas deben ser conscientes del carácter palanca de estos fondos. Su objetivo no es subvencionar mayoritariamente los proyectos empresariales sino generar iniciativas sectoriales que mejoren la cadena de valor y presenten un impacto claro en términos de empleo y producción.

Es el momento de las asociaciones empresariales y las agencias de desarrollo regional para propiciar que las convocatorias permeen a todos los territorios y a los sectores más directamente interpelados por el Plan. Ello requiere de una compleja labor de interlocución que aúne intereses y esfuerzos, y que coordine la agrupación de empresas privadas para la definición de proyectos conjuntos.

Por ello, será fundamental que las empresas sean capaces de justificar en sus candidaturas cómo su idea, más allá de ser viable desde el punto de vista técnico y económico, e interesante para el propio proyecto empresarial, ofrece una visión de más largo alcance, fundamentando su capacidad de contribuir a objetivos de interés público.

En este contexto, deberá formularse un análisis que exponga un alineamiento por parte del proyecto con las estrategias europeas y nacionales, donde es manifiesto el interés por encontrar vectores que ayuden a materializar las tan deseadas transiciones hacia una mayor digitalización y sostenibilidad. Pero también deberá explicarse si el proyecto es capaz de aportar en los ámbitos de la cohesión territorial y social, o en la reducción de la brecha de género.

Asimismo, deberá especificarse no solo el volumen de inversión global del proyecto sino la estructura de financiación propuesta (fondos propios, financiación pública y otros financiadores privados, etc.) con objeto de asegurar la viabilidad financiera de la candidatura.

Las candidaturas deberán especificar el modelo jurídico del proyecto (modelo de colaboración público-privada y compatibilidad con el RDL 36/2020, etc.) y garantizar el cumplimiento de la normativa europea de ayudas de Estado, que muy probablemente fijará grados de apoyo a los proyectos dependiendo del tipo de actividad.

Tendrán que establecer, además, un cronograma con fases y metas de cumplimiento bien identificados (debe iniciarse en 2021/22 y finalizar en 2026), con el fin de facilitar que tanto las autoridades nacionales como las europeas puedan verificar la adecuada ejecución de los proyectos, como requisito para el completo desembolso de los fondos (en 2023 la Comisión revisará el grado de cumplimiento de los objetivos presentados, como condición para liberar el resto de la financiación).

Finalmente, una parte clave consistirá en justificar la contribución del proyecto en términos de actividad económica y empleo, medido en términos de impactos directos, indirectos e inducidos, subrayando el efecto tractor de las inversiones propuestas sobre otras ramas de actividad distintas a las impulsoras del proyecto.

En definitiva, durante los próximos meses asistiremos al lanzamiento de convocatorias desde distintos ministerios y consejerías de las comunidades autónomas, ante quienes las empresas deberán presentar sus candidaturas o solicitudes de apoyo financiero. Estas candidaturas se enfrentarán a un proceso competitivo, en el que las Administraciones Públicas tendrán que afrontar una tarea de escrutinio y selección bajo unas notables restricciones de tiempo y recursos, dadas las exigencias de los plazos marcados por la Comisión Europea. Es fundamental, por tanto, no demorar los trabajos de formulación y justificación de los proyectos y el análisis de sus impactos. La exigencia de los plazos y de la competencia en este proceso no serán menores. Urge ponerse manos a la obra.