El reto de la despoblación territorial en España: impacto y oportunidades

Abril de 2025

Nuestro país se enfrenta al reto de la despoblación territorial, la cual afecta de forma desproporcionada a los pequeños municipios, y se caracteriza por la fuga de jóvenes y actividades económicas a grandes núcleos urbanos.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, nueve Comunidades Autónomas pierden población en la última década y hay 6.815 municipios con menos de 5.000 habitantes, que concentran a 5,7 millones de personas, es decir, un 12% de la población total [1].

La despoblación de pequeños municipios es fruto de distintos factores como, por ejemplo, la escasez de empleo, ligado en gran medida al sector agrícola; la baja conectividad; la falta de infraestructura de transporte; o el acceso deficitario a servicios básicos como la atención sanitaria, la educación o la administración pública. Entre las muchas consecuencias de este fenómeno encontramos el envejecimiento acelerado de estas regiones. En España, una de cada cinco personas tiene más de 65 años, proporción que se eleva a una de cada cuatro en los municipios de menos de 5.000 habitantes [2].

Asimismo, la despoblación territorial ha contribuido a la desaparición de actividades agrícolas y ganaderas tradicionales que contribuyen a mitigar el cambio climático y conservar la biodiversidad, como, por ejemplo, el pastoreo. Además, el cambio climático, el elevado estrés hídrico y los fenómenos meteorológicos extremos, como los incendios, afectan principalmente a la agricultura y la ganadería, sectores clave para estas economías.

También, la pérdida de población ha dado lugar a otros fenómenos, como la masculinización del territorio en consecuencia del éxodo rural femenino, la pérdida del patrimonio histórico y cultural, y una mayor exposición de estas poblaciones al riesgo de sufrir pobreza y exclusión social. De acuerdo con la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), en España el 27,6% de la población rural está en riesgo de pobreza y/o exclusión social, comparado con un 25,8% en las zonas urbanas [3].

Este éxodo hacia capitales y áreas metropolitanas también tiene un reflejo evidente en la composición y localización del tejido empresarial. A cierre de 2024 [4] España contaba con 2,9 millones de empresas [5]. De ellas, únicamente el 0,2 % eran grandes compañías, mientras que un 37% eran microempresas ¿aquellas con hasta nueve empleados¿. Por sectores, el 73,3% de las empresas se concentra en el sector servicios (2,16 millones), seguido por la construcción (11,4%), el sector agrario (9,7%) y la industria (5,7%). Sin embargo, la distribución por tamaño empresarial varía significativamente entre sectores: en servicios, un 42,8% de las empresas se clasifican como grandes, frente a menos del 10% en agricultura y construcción. A nivel territorial [6], el peso de la industria es mayor en comunidades como Navarra (9,02%), La Rioja (9,6%), Castilla-La Mancha (8,15%), Murcia (7,13%), País Vasco (7,18%) y Castilla y León (7,03%). En contraste, regiones como Madrid (3,41%) y Cataluña (5,3%), que tienen una mayor densidad poblacional, presentan un perfil más orientado al sector servicios.

En consecuencia, en este contexto se presenta la oportunidad de financiar, en distintos ámbitos, proyectos empresariales que contribuyan a solventar los problemas causados por el despoblamiento citados anteriormente. Además, sabemos que muchas de las empresas medianas y pequeñas que operan en estas regiones pueden enfrentarse a problemas de acceso al crédito. Por tanto, es clave desarrollar iniciativas que permitan llevar fuentes alternativas de inversión a estos territorios despoblados que favorezcan unas estructuras financieras más equilibradas para las compañías, promoviendo así su desarrollo empresarial y, al mismo tiempo, permitan frenar la pérdida de población, generando un impacto económico y social positivo.

Oportunidades de inversión ante el despoblamiento territorial

• Fomentar el emprendimiento: financiar proveedores de formación en emprendimiento a mujeres y jóvenes; financiar proveedores de formación en el uso de las nuevas tecnologías, en particular aquellos dirigidos a mujeres y colectivos afectados por la transición energética; financiar proyectos dentro del ámbito del turismo sostenible; o financiar proyectos en el ámbito del sector agrícola que busquen mejorar su rentabilidad, con el fin de fijar población y contribuir a la creación de empleo. Por ejemplo, plataformas de agritech que permiten monitorear el estado de los cultivos o el nivel de almacenamiento de los tanques de granos, o proyectos de Internet of Things (IoT, por sus siglas en inglés) para el control y monitoreo del ganado en remoto.
• Mejorar la conectividad: financiar proyectos tecnológicos que provean de conectividad de banda ancha y telefonía móvil en pequeños municipios como, por ejemplo, EZ Telecom, participada por el Fondo Bolsa Social.
• Impulsar la transición energética: financiar proyectos de instalación de placas de autoconsumo solar, proyectos de instalaciones de economía circular que busquen gestionar los residuos de la ganadería o la agricultura, financiar iniciativas de mejora de la eficiencia energética en explotaciones agropecuarias, planes de gestión forestal sostenible, actividades de mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos o financiar proyectos que faciliten la identificación de catástrofes medioambientales, como incendios forestales, mediante sistemas de alerta temprana.
• Reforzar el acceso a servicios básicos: financiar proyectos de telemedicina que ofrezcan servicios de forma virtual, iniciativas que faciliten la continuidad asistencial de mayores y dependientes a distancia, planes que ofrezcan enseñanza online de calidad; o financiar proyectos de territorios inteligentes ("Smart Cities") con el objetivo de facilitar una prestación inteligente de los servicios públicos a lo largo del territorio, como el monitoreo de alumbrado público o el riego a distancia.

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[1] Las Comunidades Autónomas que pierden población en la última década son: Extremadura, Galicia, Castilla y León, Asturias, Aragón, Cantabria, Castilla La Mancha, Comunidad Valencia y La Rioja.
[2] Fuente: Secretaría General para el Reto Demográfico
[3] EAPN, 2023
[4] Informe "Cifras PYME diciembre de 2024", elaborado por la Subdirección General de Emprendimiento y Pyme.
[5] Grandes empresas: 250 o más asalariados.
[6] DIRCE: últimos datos disponibles a fecha 1 de enero de 2024.