La longevidad y sus implicaciones

Noviembre de 2020 El mayor riesgo ante el que nos encontramos no es vivir más (sin duda, una buena noticia), sino sobrevivir a nuestros ahorros. Con los efectos silenciosos de la longevidad («si la longevidad hiciese ruido, no podríamos dormir», J.A. Herce) y de otro fenómeno más ruidoso (el de la COVID), nos encontramos ante un nuevo entorno que afectará tanto al sistema público de pensiones como al privado. Aseguradoras, gestoras de pensiones y empresas de servicios deberán responder ante la demanda latente asociada a dicho entorno.

Decía el dramaturgo norteamericano Tennessee Williams[1] que «puedes ser joven sin dinero, pero no puedes ser viejo sin él». Pero no menos cierto es que los sistemas públicos de pensiones de reparto requieren que los jóvenes ganen dinero para que sus cotizaciones paguen las pensiones de los «más mayores» . Y por supuesto, que esas pensiones de los mayores sean suficientes y sostenibles.

Sin desdeñar otras oportunidades de negocio adicionales al ámbito de pensiones, en este artículo expondremos algunas ligadas a la dependencia y a ciertos ramos de seguros.

Ante el fenómeno de la longevidad y el impacto de la COVID, aseguradoras, gestoras de pensiones y empresas de servicios deberán cubrir una demanda latente en dicho entorno.

Esfuerzos actuariales como el publicado el pasado 11 de abril[2] permiten entender mejor la longevidad. Dicho trabajo plantea la existencia de dos edades: la que dice nuestra partida de nacimiento y nuestra «edad real actuarial»[3]: por ejemplo, un hombre de edad cronológica de 55 años en Rusia tendría en realidad una edad de 67 años y un hombre de 55 años en Suecia, 48 años. Y estas diferencias de edades reales actuariales vienen determinadas por el país de origen, que cuenta con disparidad de dotaciones sanitarias, hábitos de vida, ... que pueden explicar las diferencias. En definitiva, la edad real actuarial puede estar por encima o por debajo de nuestra edad deducida de la partida de nacimiento.

Al margen de las consideraciones metodológicas[4] de la publicación anterior, es clave el uso de esta variable para proyectar, no solo la mortalidad y longevidad (piénsese en las obligaciones de pago de renta de una aseguradora que deberán extenderse más tiempo si la gente vive más), sino también las necesidades de salud (prever cuándo podría empezar la demanda de productos para la dependencia si la edad de entrada en dicha situación se retrasa o adelanta en el tiempo o cuánto tiempo podría requerir de servicios de salud), y por qué no, para guiar las políticas públicas de determinación de la edad de jubilación.

Y es la edad de jubilación, el parámetro que (más bien, uno de los que) determina una de las claves en la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones públicas de los sistemas públicos de reparto.

Si al ingrediente de la longevidad le añadimos el amplio impacto que la COVID tendrá en general, y en el sector asegurador[5] en particular, merece la pena destacar los impactos asociados, por ejemplo, en el ramo de salud. En este es positivo, en la medida en que se ha visto revalorizada su necesidad e importancia en el contexto de la pandemia. Se ha incrementado la contratación tanto a nivel individual como colectivo, quedando todavía un papel muy importante por jugar (coberturas, nuevos productos, etc.).

Ante este entorno, ¿qué cabe hacer?

Desde un punto de vista público, es recomendable vincular el equilibrio del sistema de pensiones (ingresos-gastos) a las características biométricas (especialmente la longevidad antes comentada) de la población a la que el sistema cubre integralmente durante toda su vida después de la adquisición del derecho (en este artículo, nos centramos en jubilación y supervivencia).

Para entender el debate actual sobre la sostenibilidad de las pensiones es imprescindible recuperar la aplicación de las «bases actuariales» a la operativa de la Seguridad Social y extender su conocimiento entre las partes interesadas en dicho debate. Dotarse de elementos como esa «edad real» y trasladarlo a grupos amplios de población, permitirá la implicación en dicho debate de cada vez más y más gente.

Para alcanzar un sistema solvente, la literatura señala medidas que pueden ser clasificadas en los siguientes grupos:

• Cambios en el sistema de cálculo de la pensión, hacia un sistema de aportación definida que preserve, sin embargo, el método financiero de reparto.
• Medidas que vinculen la pensión a la esperanza de vida de forma que los derechos totales devengados por el trabajador puedan distribuirse entre su esperanza de vida tras la jubilación sin desequilibrar esas bases actuariales.
• Medidas que modifiquen el marco normativo para causar las pensiones (condiciones de elegibilidad), entre las cuales la más relevante es la determinación de la edad de jubilación.

Si el Pilar 1 público se refuerza con un Pilar 2 potente (una previsión social complementaria empresarial de calado), se podrá transitar más fácilmente hacia un sistema de pensiones verdaderamente sostenible, suficiente, y alineado con iniciativas desarrolladas en otros países. La propia iniciativa de la Comisión del Pacto de Toledo del pasado de 23 de octubre pensamos que pone una primera piedra en este refuerzo.

Desde un punto de vista estrictamente privado, deberán incluirse todos los aspectos ligados a la imaginación e innovación: surgirán nuevos modelos de negocio, sobre todo del tipo AgeTech, por el que se definen nuevos productos y servicios que incluyen el ingrediente de la tecnología para dar respuesta a las necesidades de las personas mayores, grupo de población que aumenta cada día por el fenómeno de la longevidad[6]: aplicaciones de realidad aumentada para determinar obstáculos en una vivienda, aplicaciones para apoyo en la comunicación de personas con serias limitaciones para ello, seguimientos continuados mediante el Internet de las Cosas para comprobar posibles incidencias en el domicilio, relojes inteligentes para monitorización, etc.

Quedan retos por delante para ordenar este entorno tan complejo: planes estratégicos, diseño de productos comerciales que encajen el ingrediente actuarial pero que cumplan con una necesidad explícita o latente del cliente (anticipar la demanda es clave), análisis de rentabilidad económica ajustada al riesgo para las nuevas alternativas, apoyo en la comercialización, aplicación de diseños imaginativos de productos y negocios y, por supuesto, la formación pertinente para entender fenómenos tan interesantes.

Tanto nosotros en Afi como muchos clientes ya estamos percibiendo este cambio. Y recorrer el camino será apasionante.

---

[1] Célebre, por ejemplo, por la obra de teatro «Un tranvía llamado deseo».
[2] Moshe A. Milevsky, Calibrating Gompertz in reverse: What is your longevity-risk-adjusted global age? https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167668720300445.
[3] Es la «edad biológica» estimada bajo una perspectiva actuarial, aunque la «edad biológica» debe estimarse con parámetros médicos y hábitos de salud. Esta edad estimada actuarialmente es la edad ajustada por el riesgo de longevidad (L-RaG, o Longevity-Risk-adjusted Global age, en adelante, por sus siglas en inglés).
[4] Basadas en información de la Human Mortality Database y la Ley Gompertz actuarial como puede analizarse en el documento anterior.
[5] Como se observará en el trabajo que próximamente publicará ADECOSE, en colaboración con Gómez-Acebo & Pombo y Analistas Financieros Internacionales.
[6] Véase el artículo de Qida en este mismo número.

---