Transición energética y recuperación económica

Julio de 2020 Una crisis como la provocada por la pandemia tiene el riesgo añadido de distraer a la sociedad de los desafíos a medio y largo plazo. En esta ocasión, se dan las condiciones para que, por el contrario, el golpe económico y social que estamos sufriendo acabe acelerando los esfuerzos para transformar la forma de generar energía y la manera de utilizarla. Hace unos meses teníamos un plan claro, pero se echaban en falta la determinación política y, sobre todo, que los poderes públicos movilizaran recursos de manera masiva para galvanizar todo el proceso mediante un impulso inversor. Con el Plan de Recuperación de la UE, mejoran las perspectivas para combinar ambos.

Este año del cambio de década marcará un punto de inflexión en la trayectoria de cambio de la economía global y su adaptación a los desafíos del cambio climático. La reducción de la demanda de energía, estimada en un 8% por la Agencia Internacional de la Energía, favorecerá un descenso en la emisión de gases de efecto invernadero. Como ya se experimentó en la crisis precedente, estos aparentes avances se desvanecen en cuanto la economía vuelve a crecer. De hecho, durante los últimos meses han continuado observándose nuevos y muy preocupantes récords negativos tanto en lo que concierne a la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, como en el registro de temperaturas nunca vistas en zonas como el círculo polar ártico. Incluso la reducción de las emisiones de CO2 (de alrededor del 25%) registrada en las áreas que se han visto obligadas a interrumpir su actividad por la situación de emergencia sanitaria suponen un impacto mínimo en las concentraciones de CO2 en la atmósfera a escala global, donde lo determinante es lo acumulado en las décadas previas. Además, la bajada de los precios de los combustibles fósiles puede incluso fomentar una desviación respecto a los objetivos de moderación de las emisiones. No obstante, existe un convencimiento muy extendido, compartido además por una mayoría de gobiernos, compañías y también con creciente apoyo en la sociedad civil, sobre la necesidad de buscar una recuperación verde a esta crisis. La pandemia es un tipo de amenaza global de consecuencias catastróficas que comparte varios rasgos con el cambio climático. De hecho, la evidencia científica disponible señala que existe un claro vínculo entre el deterioro climático y la destrucción de ecosistemas naturales, y la emergencia de problemas de salud graves, incluyendo el riesgo de sufrir nuevas pandemias. El coste de no prevenir, de esperar a que la incertidumbre nos ofrezca su mejor cara, es una apuesta temeraria. No hay tiempo que perder para poner a la economía global en una trayectoria más segura que mitigue las consecuencias del cambio climático. A pesar de las tentaciones de olvidarse de la sostenibilidad por unos años, la aceleración de la transición energética es la mejor manera de conciliar la recuperación económica a corto plazo con el bienestar a medio y largo plazo. La Agencia Internacional de la Energía, ha propuesto, con la colaboración del FMI, 30 medidas de política energética para invertir hasta un billón de dólares anuales en 2021-2023 en eficiencia, generación limpia, infraestructura energética y transporte. Su estimación apunta a que el crecimiento global sería un 1,1% superior y las emisiones podrían reducirse en 4.500 millones de toneladas en 2023. Distintos trabajos académicos recientes están poniendo de manifiesto cómo la inversión verde, materializada en ámbitos como las infraestructuras para la electrificación (redes, puntos de recarga, etc.), en capacidad de generación de energía renovable, en mejora de la eficiencia energética y en investigación en tecnologías limpias, entre otras, presenta un efecto multiplicador muy potente sobre el crecimiento del PIB y del empleo. En este sentido, nos encontramos ante la oportunidad de impulsar proyectos capaces de aunar la necesaria reactivación de la actividad y el empleo en el corto plazo, con transformaciones estructurales que contribuyan a fundamentar los pilares del crecimiento y el bienestar futuro. Por otro lado, muchas de las inversiones verdes conllevan modificaciones en las formas de producir y consumir que también provocan efectos complementarios positivos, como una menor dependencia energética, menor generación de residuos o la reducción del número de fallecimientos asociados a la contaminación atmosférica. Desde un punto de vista estratégico, pensando en la posición de la Unión Europea en el mundo, en tanto que actor económico, tecnológico e industrial, estamos también ante una oportunidad para reforzar la capacidad competitiva de nuestra oferta productiva, al potenciar sectores en los que Europa tiene una ventaja comparativa y una menor dependencia de inputs procedentes de otras potencias como China (cada vez más predominantes en las cadenas globales de valor, a través de sus inputs intermedios). En el caso concreto de España, las razones mencionadas son, incluso, más oportunas: el impacto económico y la necesidad de acelerar la reasignación de recursos productivos tras la pandemia es todavía más acuciante, como lo es su significativa dependencia energética o la necesidad de que la industria adquiera un compromiso más ambicioso hacia su modernización, combinando de forma decidida la transición energética con la digitalización y la robotización. Desde el punto de vista del empleo, y sobre todo teniendo en cuenta el contexto de preocupante incremento del paro, las inversiones verdes son también una oportunidad para la reasignación de trabajadores desde sectores con riesgo de obsolescencia tecnológica y bajo perfil en términos de sostenibilidad hacia otras actividades más alineadas con los vectores que se están perfilando como nuevos nichos de actividad y empleo a escala global. En definitiva, no podemos negar que nuestra economía se encuentra en una situación coyuntural comprometida, y con elementos estructurales derivados de nuestra estructura sectorial y tamaño empresarial que nos colocan en una posición vulnerable. Por otro lado, el margen de maniobra doméstico de los próximos años estará condicionado por el deterioro de las finanzas públicas. Por ello, tiene especial importancia que, sobre todo en este contexto, los estímulos se asignen de forma eficiente hacia aquellos ámbitos de actividad con relevancia y visibilidad futura y capacidad de contribuir a robustecer nuestra posición en términos tecnológicos, de sostenibilidad y de resiliencia. Para esto, España cuenta con capacidades propias, públicas y privadas, y deberá trabajar durante los próximos meses para definir una propuesta de recuperación económica clara y ambiciosa, apoyándose en el marco europeo que representa el Plan de Recuperación presentado por la Unión Europea el 27 de mayo. La UE ha apostado de manera decidida por este enfoque, al colocar al Pacto Verde Europeo ( European Green Deal) como uno de sus ejes principales. Junto con el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, la Comisión propone un Fondo de Recuperación (Next Generation EU) por un importe de 750.000 millones de euros, que será financiado con la emisión de deuda conjunta europea a medio y largo plazo. Se trata por tanto de un gran programa de inversión coordinado a escala europea, que coloca la respuesta fiscal de la UE a la pandemia a la altura de la gravedad del choque económico que supone. España debe aprovechar esta oportunidad.