Energía. Descarbonización sin titubeos
Noviembre de 2024 El denominado Informe Draghi asume el enorme desafío que supone conciliar la competitividad de la UE con los objetivos de descarbonización, y aboga por establecer un plan conjunto que asegure el liderazgo tecnológico y la transformación de los sectores energéticos e industriales.La situación de partida no es favorable. La guerra de Ucrania puso de manifiesto la fragilidad de la estrategia energética europea, y los altos costes de la energía es uno de los factores que explican el débil pulso económico actual. En la UE, los precios de gas se sitúan entre tres y cinco veces por encima de los precios en Estados Unidos. El desequilibrio es igualmente significativo en electricidad, con precios en Europa para los consumidores industriales entre dos y tres veces los precios en Estados Unidos y China. Además de soportar precios más altos, las empresas de la UE están más expuestas a la volatilidad de los mercados de energía. Nuestra competitividad puede deteriorarse aún más con la descarbonización, ya que los objetivos de descarbonización de la UE (55% de reducción de emisiones en 2030 frente a 1990) son mucho más ambiciosos que los anunciados por Estados Unidos -con un objetivo no vinculante de 50-52% de reducción en 2030 frente a 2005- y China, que solo se plantea alcanzar el pico de emisiones al final de esta década.
El Informe da cuenta con detalle de la magnitud de cambios e inversiones que exige la transición energética y lo exigente de los plazos. Para Draghi, la descarbonización es una oportunidad para abaratar los costes de la energía, asumir el liderazgo en tecnologías limpias y reducir la dependencia energética. Hasta 2030, la UE tiene que triplicar su capacidad en energía solar y doblar su potencia instalada eólica, y este esfuerzo requiere líneas concretas de actuación legislativa en energía. A medio plazo, se debe impulsar la normativa que permita y agilice las inversiones necesarias en las redes de transporte y distribución para absorber el aumento en la producción renovable. Igualmente, la evaluación y aprobación medioambiental caso a caso debe sustituirse por la definición de zonas de aceleración renovable (ZAR); y para garantizar y agilizar la concesión de permisos a los proyectos en caso de que no haya respuesta de las entidades responsables locales transcurrido un plazo predeterminado (45 días sugiere el Informe), debe designarse un nivel de autoridad nacional de última instancia.
Las recomendaciones del Informe en materia energética son concretas tanto en su definición como en el horizonte temporal de aplicación, y están alineadas con la propuesta de reforma del mercado eléctrico aprobada en abril de 2024.
El Informe confirma la lógica de la llamada "excepción ibérica" al proponer que la retribución de las instalaciones nucleares y renovables se desvincule de los precios marginales de la generación con combustibles fósiles. La recomendación del Informe coincide con la propuesta de la Comisión Europea de 2023, y no es aplicar un tope al precio marginal, como se estableció en el mercado ibérico en 2022, sino que los precios de la producción de nucleares y renovables se fijen en contratos de venta de energía a largo plazo o contratos por diferencias.
El Informe reconoce que los contratos PPA entre productores y comercializadores /consumidores están poco extendidos, y aconseja la creación de plataformas de mercado que conecten productores y demandantes de electricidad, junto con el diseño de esquemas de garantías que mitiguen el riesgo financiero de contraparte en pymes.
El Informe, al igual que la propuesta de reforma de mercado eléctrico, hace hincapié en el desarrollo de PPAs y contratos por diferencias como pieza clave para que el menor coste de las renovables se traslade a los consumidores y se reduzca la relación entre el coste de la electricidad y el precio marginal del mercado eléctrico. Este último seguirá vinculado al precio del gas natural hasta al menos la siguiente década, con la distorsión que supone que el gas natural represente, en media, menos del 20% de la producción eléctrica en la UE, pero fije el precio de mercado en más del 63% de las horas.
El informe defiende abiertamente el uso de la energía nuclear en la UE tanto para reducir las emisiones como para aumentar la independencia energética. Para ello se propone prolongar la vida útil del parque nuclear actual y construir nueva capacidad nuclear, bien con la tecnología existente, bien con los nuevos modelos de centrales de menor tamaño. El informe reconoce la significativa desventaja de precio de la energía nuclear, que se estima en 180 USD/MWh en términos de coste comparable (Levelized cost of electricity), pero argumenta que, en el contexto actual, las decisiones de política energética no pueden tomarse exclusivamente en función del coste.
Con la premisa de que la descarbonización no puede conseguirse con las tecnologías energéticas actuales, el Informe propone incrementar el presupuesto de la UE en I+D y concentrar los esfuerzos en el desarrollo de tecnología energética en frentes específicos: baterías de alta capacidad, energías renovables, captura de carbono, producción de hidrógeno verde, y redes de transporte y distribución inteligentes. Se recomienda también que los ingresos de las subastas de derechos de emisión se apliquen en mayor medida a la innovación en industrias intensivas de energía.
Sin embargo, el Informe admite que apostar por relanzar la industria europea de paneles solares, para no depender de China, solo serviría para retrasar la descarbonización.
La innovación debe promoverse también en los aspectos institucionales y regulatorios, en ellos los procedimientos de subasta de potencia renovable (que deben incluir otros elementos de selección además del precio como el valor de la localización), la protección de la propiedad intelectual, y la promoción de bancos de pruebas regulatorios (sandboxes) para nuevas tecnologías.
La propuesta final es desarrollar en la UE la gobernanza necesaria para una verdadera Unión de la Energía. Su construcción, sugiere Draghi, podría inspirarse en la Unión Económica y Monetaria. Es decir, con una supervisión regulatoria energética central tan poderosa como el BCE.