TAX&TRANS VIII: Las Catástrofes y la Fiscalidad

Noviembre de 2024

Esta, queridos lectores, es una tribuna amarga y dolorida porque la gigantesca catástrofe que una DANA sin precedentes, si bien no inimaginable, ha infligido un severísimo daño personal y material a nuestros compatriotas del Levante español.

Mal se superará el shock emocional y psicológico de las pérdidas irreparables y los daños propios sufridos estos días por docenas de miles de personas que hoy pueden contar lo que vivieron. Que, muchos días después de la catástrofe (una eternidad para todos), siguen preguntándose, y esperando con ansiedad. Siguen sufriendo escasez y contemplando su vida sin sentido porque sus pilares se han derrumbado.

Hace dos meses escribía sobre esto mismo, ignorante, como todos, de que hoy estaríamos hablando de este horrible acontecimiento y, yo en concreto, de los mismos argumentos que desplegaba en la tribuna VI de la serie de este año en Empresa Global, dedicada, quizá premonitoriamente, a los "impuestos catastróficos". La clave de humor de aquella entrada se torna hoy en una clave de angustia disfrazada de argumentación más o menos técnica, para proponer con toda seriedad cambios radicales en nuestra concepción de la fiscalidad. De cara a un tiempo nuevo que, quizá sin darnos mucha cuenta, estamos ya viviendo.

En este momento, cómo no, emerge, desde el pragmatismo, la punzante cuestión de si se podían haber hecho las cosas mejor. De si, en el plano preventivo, el grado de acopio, ordenación y/o preparación de los recursos humanos, en primer lugar, y los recursos materiales y financieros, por otra parte, era el adecuado. De si la reacción en los primeros instantes de la catástrofe estuvo a la altura de lo que estaba sucediendo, desde el diagnóstico primero hasta las primeras constataciones en tiempo real de lo que estaba sucediendo y su extrapolación a lo que iba a pasar tan solo unas horas después. De si, en fin, tantos días después del "momento cero", hoy estamos haciendo no ya "lo que se pueda", sino lo que hay que hacer, se pueda o no.

El PIB español para 2024 se estima en unos 1,5 billones de euros. Ello equivale a unos 4.327 millones de euros al día. Esa sería, grosso modo, la Renta Nacional Bruta diaria que se genera en España. También sería equivalente al Valor Añadido Bruto (VAB) diario. El IVA español, cuya base imponible es el VAB, a un tipo efectivo medio del 5,60% (AEAT e INE, 2023), acabará recaudando en el presente año unos 88.443 millones de euros.

Un recargo general de 1 punto porcentual de dicho tipo efectivo allegaría 15.793 millones de euros si se aplicase durante un año, es decir, unos 43,27 millones de euros al día.

¿Estoy dando a entender que el gobierno debería aumentar el IVA de manera extraordinaria en 1 punto porcentual para todos los bienes y servicios durante un cierto periodo de tiempo? SI, así es, lo estoy dando a entender y lo reclamo desde esta tribuna. ¡Ya!

¿Se puede hacer eso de la noche a la mañana? Yo diría que sí. Si el Parlamento aprueba de consenso un procedimiento de urgencia a propuesta del Gobierno, la Agencia Tributaria dispone de recursos técnicos para implementar la medida desde el mismo día de su publicación en el BOE. Y, se supone, las administraciones competentes deberían tener la capacidad para hacerlo llegar a los damnificados con suma rapidez, implicando al ICO en avales a la banca comercial para que adelantase fondos a las administraciones públicas sobre el terreno, contratistas privados proveedores de servicios esenciales, ONG y particulares.

¿Hay que temer a la picaresca? Si, por supuesto, pero bastaría con que cada administración, contratista, ONG o particular receptor de fondos firmase una declaración responsable a la entrega de las prestaciones y una auditoría selectiva posterior verificase el fundamento de las solicitudes ejemplarizando lo más severamente posible, con multas e inhabilitación permanente, de ser ello justificado, los incumplimientos culposos (dolosos o no).

¿Distorsionaría tal recargo la asignación de recursos? Claro, pero no necesariamente en la mala dirección. Para empezar, todos los agentes económicos del país, exceptuando las víctimas de la DANA, colaborarían, estuviesen donde estuviesen. Muchos no serían conscientes de que están colaborando, y muchos otros estaríamos orgullosos de ello. Pero, además, estos recursos permitirían financiar en buena medida la creación de empleos para las tareas de suministro, evacuación, limpieza y restauración de los daños. Además de que las ayudas a hogares y empresas, carentes de indemnizaciones por seguros que no tuviesen contratados, contribuirían a estabilidad el consumo y la actividad en las zonas afectadas.

¿Qué pasaría si sobrasen recursos, cómo se devolverían estos a los contribuyentes? En ese caso, los recursos recaudados y no aplicados a la emergencia de esta DANA deberían usarse para constituir un "fondo estatal de emergencias catastróficas" que pudiera movilizarse al instante sin necesidad de trámites parlamentarios adicionales (salvo la verificación de la vigencia de las condiciones pre-establecidas de intervención) en función del nivel de emergencia de cada situación que sobreviniese. Dicho fondo podría ir creciendo a medida que las finanzas públicas lo permitiesen porque, desgraciadamente, no vamos a estar libres de acontecimientos de este tipo en lo sucesivo.