Y entonces llegó la guerra
Mayo de 2023Hace más de un año, exactamente a finales de enero del año pasado, mi tribuna destilaba optimismo sobre la importancia que había adquirido lo social tras la pandemia y el impulso que desde la Unión Europea se estaba dando a la creación de una taxonomía social común que homogeneice la información y los datos. Todo esto, evidentemente, desde la prudencia que requiere la dificultad para medir y estandarizar aspectos sociales.
A finales de febrero de este año la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles (PSF) presentó a la Comisión Europea su propuesta final para el marco de taxonomía social. Durante la consulta pública la mayoría de los comentarios fueron positivos. Hubo un amplio consenso entre las personas encuestadas sobre la importancia de una taxonomía social común como instrumento para mejorar la medición de la inversión social, apoyar a la sostenibilidad social y promover la inversión en ese ámbito. Sin embargo, el proceso parece haberse ralentizado.
Es comprensible que los efectos asociados a la guerra de Ucrania haya llevado a las autoridades a poner esfuerzos en atajar el impacto generado por la misma desde un punto de vista económico y de transición energética. Ahora bien, los aspectos sociales son, en mi opinión, un eje indispensable a la hora de tomar decisiones.
La situación geopolítica y económica actual, así como la necesidad de acelerar la transición energética y la digitalización, pueden generar brechas de transición importantes especialmente en los colectivos más vulnerables. El Global Risks Report 2023 del Foro Económico Mundial lo señala como uno de los principales riesgos a corto plazo.
Hay que decir que más allá de la taxonomía social, la UE ha seguido desarrollando otras regulaciones en material social como el proyecto de garantías sociales mínimas y la propuesta de diligencia debida en la cadena de suministro.
La nueva regulación de garantías mínimas exigirá que las empresas multinacionales cumplan con los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos, así como con las pautas establecidas por la OCDE: respetar a las libertades fundamentales, evitar prácticas corruptas, respetar los derechos laborales, respetar el medio ambiente, proteger los derechos de los consumidores...
La regulación de la cadena de suministro requerirá a las empresas realizar auditorías a sus proveedores para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos.
Sin duda ambas normas pueden contribuir a seguir avanzando en los aspectos sociales, al crear un contexto de responsabilidad legal. Ahora bien, no es suficiente.
Poner en marcha una taxonomía social es sin duda mucho más complejo que acordar una taxonomía verde que cuenta con la ventaja de los criterios científicos. No obstante, la experiencia demuestra que los datos, mediciones y seguimiento sistemático son el mejor instrumento para lograr avances significativos.
Sería imperdonable que la velocidad a la que avanza la tecnología y la implantación de acciones para atajar la crisis climática dejara un mundo más empobrecido y menos humano.
Sin duda hay dificultades, pero no podemos dejar ese desafío a las siguientes generaciones.
