Laponia XVII: hacia un «sandbox» rural

Octubre de 2020 La aprobación de un «sandbox» rural sería toda una declaración institucional de intenciones de dotar al ámbito rural de un ingente atractivo para el emprendimiento, innovador y convencional, tecnológico y social.

Los principales países del mundo se han embarcado en un interesantísimo experimento regulatorio. Ante la evidencia de que la digitalización desborda la regulación existente en las finanzas, limitando el desarrollo de muchas buenas ideas (y otras tantas start-ups), reguladores y regulados han aceptado meterse en un «arenero» (un sandbox) para generar nuevas regulaciones que preserven los derechos de los consumidores sin cortar las alas al desarrollo. El arenero (figurado) les aísla del resto, de forma que fuera de él no puede hacerse nada que viole la regulación vigente y dentro de él se puede hacer de todo hasta que la nueva regulación a prueba determine los nuevos límites y el momento de su generalización. Esta excelente idea ya se está poniendo en práctica para la integración en el mercado de las fintechs (start-ups financieras). Sería bueno que se generalizase a la salud, el mercado de trabajo o, por qué no, el ámbito rural.

En su esencia, un sandbox es un entorno regulatorio experimental que desemboca en un nuevo entorno regulatorio mejor adaptado a los avances tecnológicos y en los modelos de negocio. Entre la ausencia de normas y la presencia asfixiante de las mismas caben muchos entornos. El paso de uno a otro es habitual, pero lleva tiempo y tradicionalmente ha supuesto la emergencia de zonas grises en las que se dan simultáneamente redundancias normativas, contradicciones entre normas vigentes y también lagunas normativas. La metodología del sandbox permite controlar el cambio regulatorio teniendo en cuenta los intereses de todas las partes (interés común, regulador, regulados y competidores) y evitando disfunciones regulatorias. Al tratarse de un entorno experimental, los incumplimientos normativos están admitidos como una vía de aprendizaje.

Un sandbox rural puede parecer una contradicción en los términos, porque (dirán muchos) la innovación tiene lugar en las grandes empresas o en las grandes urbes, de la mano de la tecnología y, en el caso del sandbox, más concretamente, estamos hablando de fintechs; es decir, start-ups en la frontera de la tecnología aplicada a las finanzas. Obviamente no son estos, mutatis mutandis, los términos en los que se expresaría un sandbox rural. Más bien, se trataría de crear un entorno de experimentación regulatoria para resolver una amplísima casuística de pequeñas empresas, microempresas y autónomos que actúan en el territorio en imposibilidad de cumplir requisitos administrativos imposibles para su escala o que actúan en el limbo legal ante la imposibilidad de aguantar hasta que les llega una simple licencia de apertura de un local o inicio de la actividad.

Sin descartar en absoluto, porque ya está sucediendo, que avanzadas start-ups dedicadas a la innovación social-rural, a la conectividad y a la movilidad colaborativa, o a la modernización de las actividades agrícolas, ganaderas o forestales, se estén encontrando con infinidad de problemas para desarrollar sus actividades; en el ámbito rural, se constata desde hace décadas (¡décadas!) que una pequeña quesería artesana, incapaz de cumplir abrumadores requisitos exigibles a una planta industrial de doscientos trabajadores, o un botiquín de farmacia rural, que opera desde un local en el límite de la superficie permisible y desea servir a domicilio con intermediarios, o un simple taller de reparaciones de vehículos que necesita su licencia de apertura, puedan operar sin agotar su circulante antes de recibir los permisos correspondientes. Menos aún, que puedan sobrevivir a contenciosos con las autoridades competentes.

El mundo rural necesita reglas, como todos. Pero deben ser otras reglas, no las de las grandes unidades productivas. Sí, las que, sin dejar de proteger a los consumidores, permitan a quienes les abastecen de bienes y servicios una operación eficaz y eficiente, sin sobrecostes o impedimentos por la exigencia de cumplir requisitos imposibles. El establecimiento de estas reglas adaptadas no puede hacerse a «hechos consumados», atravesando contenciosos interminables y costosos, ni arriesgándose a que, en la batalla, o en los comportamientos irresponsables, el fuego cruzado acabe perjudicando a los usuarios. Debe hacerse en un entorno experimental controlado, en complicidad entre los agentes del mercado, eventualmente los innovadores rurales, y sus reguladores. En un sandbox.

Este sandbox rural podría convocarse inmediatamente facultando a las Consejerías pertinentes para establecer una primera selección de casos a tratar, plazos y modalidades, contenidos y protocolos de actuación. En el límite, la «declaración responsable» debería ser el testigo de la voluntad de avanzar, un verdadero icono de la modernidad. Una declaración responsable requiere tres cosas: (i) la honestidad y el deseo de cumplir de quien la suscribe, (ii) la capacidad de verificar que efectivamente se produce el cumplimiento y (iii) la firmeza a la hora de sancionar a quien no lo cumple. ¿Cumplir qué? Ahí radica la parte esencial, en que las normas a cumplir sean verdaderamente capaces de producir el resultado que pretenden: proteger a los consumidores, sin retóricas.

La aprobación de un «sandbox» rural sería toda una declaración institucional de intenciones de dotar al ámbito rural de un ingente atractivo para el emprendimiento, innovador y convencional, tecnológico y social. Sería una gran noticia para la España despoblada.